Sentencia de la corte suprema de justicia

Sl 711 de febrero 24 de 2021. La estabilidad laboral reforzada del artículo 26 de la ley 361 de 1.997 no se aplica porque se tenga cualquier padecimiento físico o sensorial. Sentencia de la corte suprema de justicia sl 711 de febrero 24 de 2021.

Julio César Martínez C., Consultor legal y empresarial - Programa Pacto de Productividad

Lea el artículo completo en el siguiente enlace: Sentencia SL 711 de febrero 24 de 2021

CASO CONCRETO: Un Trabajador fue contratado a término fijo inferior a un año en noviembre de 2010 y en febrero de 2011 sufrió un accidente de la rodilla derecha, le efectuaron su cirugía y le otorgaron algunas incapacidades y una calificación de pérdida de capacidad laboral de 6.35%, la cual apeló a la junta regional y nacional de calificación y le otorgaron un 12.10% de pérdida de capacidad laboral unos meses después de su retiro. Como el contrato era a término fijo, el empleador le notificó su terminación el 16 de junio de 2011, un mes antes de su vencimiento. En agosto de 2011 el trabajador instauró una tutela ante un juzgado penal y le concedió amparo transitorio, pues debía acudir a la justicia ordinaria.

El extrabajador presentó la respectiva demanda, un juzgado laboral  en primera instancia no accedió a las pretensiones del extrabajador y absolvió a la empresa demandada. Posteriormente el Tribunal superior revocó la sentencia anterior y ordenó el reintegro del trabajador, sin solución de continuidad al mismo empleo y ordenó que se pagaran los salarios y prestaciones desde el retiro hasta la fecha de reintegro y adicional que debería pagar la indemnización prevista en el artículo 26 de la ley 361 de 1997. Frente a lo anterior la empresa presentó recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, quien revocó el fallo del tribunal y absolvió a la empresa.

En el fallo de la Corte Suprema podemos destacar los siguientes precedentes que van en vía de dar más claridad a la terminación de contratos de personas con temas de salud:

  1. La Corte Suprema reitera lo expresado en su famosa sentencia SL – 1360 de 2018 donde se sostuvo que los contratos de personas con discapacidad se pueden terminar por justa causa o una causa objetiva y sin necesidad de solicitar permiso al Ministerio de Trabajo.
  2. Quedó claro en el caso analizado que el contrato a término fijo se terminó por una causa objetiva, la expiración del plazo pactado y no por un acto discriminatorio relacionado con su salud.
  3. Se reitera que el permiso ante el Ministerio de Trabajo sólo se requiere cuando las actividades de un trabajador son incompatibles e insuperables con el cargo desempeñado o con otro existente en la empresa, cuya omisión implica la ineficacia del despido y las respectivas consecuencias sancionatorias legales.
  4. Expresamente la Corte dijo: “…Los destinatarios del principio de estabilidad laboral reforzada del artículo 26 de la ley 361 de 1997, no son los trabajadores con cualquier padecimiento físico o sensorial, sino aquellos que en realidad tengan una discapacidad relevante…“
  5. La Corte suprema de Justicia ratifica que para la protección de las personas con discapacidad es necesario que se cumplan tres requisitos: I. Que el trabajador se encuentre en una de las siguientes hipótesis: a. con una discapacidad moderada, que corresponde a la pérdida de la capacidad laboral entre el 15 % y el 25 %, b. severa, mayor del 25 %, pero inferior al 50% de la pérdida de la capacidad laboral o; c. profunda, cuando el grado de discapacidad supera el 50%, II. que el empleador conozca dicho estado de salud del trabajador y, III. Que la relación laboral termine por razón de su discapacidad, lo cual se presume salvo que medie una causa objetiva y sin previa autorización del Ministerio de Trabajo.
  6. El Principio de estabilidad laboral reforzada del artículo 26 de la ley 361 de 1997 no es aplicable a todo tipo de deterioro en la salud y siempre se debe tener en cuenta que el empleador acredite la causa de terminación del vínculo, que para el presente caso es la expiración del plazo pactado.

 

JULIO CÉSAR MARTÍNEZ C.

Consultor Legal y Empresarial

Programa Pacto de Productividad