Normatividad

Varios documentos jurídicos internacionales han sido ratificados por Colombia a favor de nuestros derechos. Al aprobarlos, el Estado se compromete a hacerlos cumplir y para ello debe fortalecer su normatividad interna.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES:

La Organización Internacional del Trabajo ha publicado documentos relacionados de manera directa o indirecta con la inclusión laboral de las personas con discapacidad. El principal se publicó por primera vez en 2003, y contribuyó a las deliberaciones que tenían lugar entonces para preparar la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD). Su nombre es “Trabajo decente para personas con discapacidad: promoviendo derechos en la agenda global de desarrollo”.

Igualmente, ha sido significativo el aporte de esta organización al desarrollo de la rehabilitación profesional, especialmente gracias a documentos como la “R168 - Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo” y al “Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo – C159”, que entró en vigor en el año 1985.

Dos documentos internacionales han sido generados desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU); al ser ratificados por el gobierno, se convierten en un marco de referencia a favor de los ciudadanos; el primero respecto a los de todas las Personas y el segundo, particularmente a favor de quienes tienen una discapacidad:


De manera adicional, dos documentos internacionales han sido generados desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU); al ser ratificados por el gobierno, se convierten en un marco de referencia a favor de los ciudadanos; el primero respecto a los de todos las Personas y el segundo, particularmente a favor de quienes tienen una discapacidad:

Declaración Internacional de los Derechos Humanos:
Del año 1948. Reconoce la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
La Convención (CDPC) fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Colombia la aprobó mediante la Ley 1346 en el año 2009.
El artículo 27 que promulga el derecho al trabajo, dice:

· Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:

  1. Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;
  2. Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;
  3. Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;
  4. Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua;
  5. Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;
  6. Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;
  7. Emplear a personas con discapacidad en el sector público;
  8. Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;
  9. Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;
  10. Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto;
  11. Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.

· Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.


Normatividad reciente que impacta en la inclusión laboral de las Personas con discapacidad

Desde finales del año pasado y principios del 2018, el gobierno viene reglamentando diferentes asuntos que impactan directamente en los procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad del país. A continuación les presentamos dichas resoluciones, decretos y leyes, invitándolos a revisar de manera concienzuda y profunda sobre sus implicaciones y alcances.

Decreto 2011 de 2017 del 30 de noviembre del 2017 del Ministerio del Trabajo, por el cual se reglamenta el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el poder público a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y descentralizado y a los órganos autónomos e independientes.

Link:
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202011%20DEL%2030%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf

Decreto 2177 del 22 de diciembre de 2017 del Ministerio del Trabajo, por el cual se integra el Consejo para la Inclusión de la Discapacidad, cuyo objeto será coordinar las acciones que el sector privado adelante para coadyuvar al ejercicio de los derechos y la inclusión social, laboral y productiva de las personas con discapacidad, orientadas al desarrollo de las capacidades a través de la formación para el trabajo, la producción y el empleo de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores

Link:
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202177%20DEL%2022%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202017.pdf

Resolución 0583 del 26 de febrero del 2018 del Ministerio de Salud, por medio de la cual se implementa la Certificación de discapacidad y el Registro de Localización y Caracterización de las personas con discapacidad y se adopta el Manual Técnico de certificación y registro de discapacidad”. Este certificado será expedido las EPS del sistema contributivo y subsidiado, las IPS y por las entidades adaptadas y administradoras de los regímenes Especial y de Excepción. Estas entidades dispondrán hasta el 1 de febrero de 2019 para iniciar la expedición de los certificados. Este certificado le permitirá a las personas con discapacidad acceder a los beneficios que otorgan las Cajas de Compensación Familiar, el Fondo de Solidaridad Pensional, así como aquellos previstos en las Leyes 361 de 1997 y 1429 de 2010.  

Link:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20583%20de%202018.pdf

Decreto 392 del 26 de febrero del 2018 del Departamento Nacional de PlaneaciónPor el cual se reglamentan los numerales 1, y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad. Las entidades del Estado otorgarán el 1% del total de los puntos establecidos a los proponentes que certifiquen la vinculación de trabajadores con discapacidad.

Link:
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/decreto_392_del_26_febrero_de_2018.pdf

PRINCIPALES NORMAS COLOMBIANAS A FAVOR DE LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

En nuestro país hay una variedad de normas emanadas desde el poder legislativo y ejecutivo que buscan beneficiar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. En este documento, se resaltan tres que sirven como marco para otras disposiciones de menor jerarquía como decretos, acuerdos, ordenanzas, resoluciones y circulares; se presentan enfatizando los artículos que hacen referencia al derecho al trabajo y a la formación para el trabajo; todas están vigentes en la actualidad.

Ley 361 de 1997

Por la cual se establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones.
Se fundamenta en los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Nacional, reconociendo la dignidad de las Personas con discapacidad y sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales para su completa realización personal y su total integración social.

El capítulo IV de la Integración Laboral refiere:
Artículo 22º: Ordena medidas para la creación y fomento de las fuentes de trabajo para las personas con discapacidad.
Artículo 23º: Indica que el SENA debe realizar acciones de promoción de sus programas para personas con discapacidad y permitir el ingreso en igualdad de condiciones a dicha población. Así mismo hace relación a que los servicios de empleo tengan líneas de atención para esta población.
Artículo 24º: Ofrece garantías para los empleadores de personas con discapacidad: en los procesos de licitación, en prelación en el otorgamiento de créditos, en tasas arancelarias a la importación de maquinaria y equipo especialmente adoptados o destinados al manejo de personas con discapacidad.
Artículo 25. Refiere que el gobierno podrá solicitar estadísticas sobre los beneficios y resultados de los Programas de las personas con discapacidad.
Artículo 26º: Señala que en ningún caso la discapacidad de una persona podrá ser motivo para obstaculizar su vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad sea claramente demostrada como incompatible o insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Igualmente ninguna persona podrá ser despedida por su discapacidad, salvo que medie autorización del Ministerio del trabajo.
Artículo 27º: Brinda prioridad a las personas con discapacidad que participan en concursos para cargos públicos.
Artículo 28º: Permite la realización de convenios entre entidades públicas y privadas para preparar para el trabajo a las personas con discapacidad.
Artículo 29º: Beneficia a las personas que no pueden acceder a un empleo para que estén cobijadas por el Régimen Subsidiado de Seguridad Social.
Artículo 30º: Da prelación a los productos, bienes y servicios que les sean ofrecidos al Estado por entidades sin ánimo de lucro constituidas por las personas con discapacidad. Igualmente señala que las entidades del Estado que cuenten con conmutadores telefónicos preferirán para su operación a personas con discapacidad.
Artículo 31º: Otorga el derecho a los empresarios de deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagado a los trabajadores con discapacidad.
Parágrafo.- La cuota de aprendices que está obligado a contratar el empleador se disminuirá en un 50%, si los contratados por él son personas con discapacidad comprobada no inferior al 25%.
Artículo 32º: Regula los talleres protegidos como una actividad formativa, integración social o de rehabilitación para las personas con discapacidad.
Artículo 33º: Autoriza que un pensionado con discapacidad no pierda su mesada al conseguir un nuevo empleo, siempre que no implique doble asignación del tesoro público.
Artículo 34º: Autoriza líneas de créditos blandos para el funcionamiento y constitución de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de materiales, equipos y accesorios para las personas con discapacidad.

Ley estatutaria 1618 de 2013:

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las Personas con discapacidad.
Por ser estatutaria, tiene un rango superior sobre las demás leyes y se establece un trámite especial para su expedición por su importancia jurídica.
El artículo 13 establece las medidas que el Ministerio del Trabajo y demás entidades competentes deben garantizar para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho al trabajo.

1. Al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación: expedirán el decreto reglamentario que establezca una puntuación adicional en los procesos de licitación público, concurso de méritos y contratación directa, para las empresas que en su planta de personal tengan en su planta de personal personas con discapacidad contratadas, y para las empresas de personas con discapacidad, familiares y tutores. 

2. Al Ministerio del Trabajo:

a) Garantizar la capacitación y formación al trabajo de las personas con discapacidad y sus familias, teniendo en cuenta la oferta laboral del país;
b) Fortalecer el programa de ubicación laboral de las personas con discapacidad mediante estrategias de promoción direccionadas hacia el sector empresarial, incentivando además los servicios de apoyo de acompañamiento a las empresas;
c) Desarrollar planes y programas de inclusión laboral y generación de ingresos flexibles para las personas que por su discapacidad severa o discapacidad múltiple, no puedan ser fácilmente incluidos por el mercado laboral.
d) Fomentar la creación y fortalecimiento de unidades productivas para aquellos casos en que los solicitantes sean personas con discapacidad y/o sus familias, dando prelación a la distribución, venta y adquisición de sus productos por parte de las entidades públicas;
e) Incentivar el desarrollo de negocios inclusivos y fortalecer el emprendimiento y crecimiento empresarial de las entidades que propenden por la independencia y superación de la población con discapacidad;
f) En coordinación con el departamento administrativo de la función pública, asegurar que el Estado vincule un porcentaje de personas con discapacidad dentro de los cargos existentes.

3. Al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA:

a) Asegurar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad a todos sus programas y servicios de la entidad;
b) Garantizar la prestación del servicio de intérpretes de lengua de señas y guías intérpretes, para la población con discapacidad auditiva y sordoceguera, y ayudas tecnológicas para las personas con discapacidad visual, así como los apoyos específicos que requieren las personas con discapacidad intelectual;
c) Garantizar asesoría y acompañamiento a los empresarios que deseen contratar personas con discapacidad;
d) Asegurar la capacitación y formación al trabajo de las personas con discapacidad teniendo en cuenta la oferta laboral del país;
e) Fortalecer el Servicio Nacional de Empleo SNE de cada Regional para que garantice el acceso y beneficio de las personas con discapacidad mediante estrategias de promoción direccionadas hacia el sector empresarial;
f) Otorgar títulos de formación profesional en diferentes áreas, a partir del reconocimiento de los procesos formativos que realizan las organizaciones de y para personas con discapacidad, que cumplan con los requisitos establecidos por esta entidad;
g) Formar evaluadores en procesos de certificación de evaluación de competencias en diferentes áreas, que permitan a las personas con discapacidad adquirir una certificación de competencias laborales de acuerdo a su experiencia;

4. Al Fondo Nacional de Ahorro:
Otorgar créditos de vivienda y educación para las personas con discapacidad, con una tasa de interés preferencial.

5. Al Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldex:
Crear líneas de crédito con tasas de interés blandas, para los emprendimientos económicos o de las empresas en que sean titulares las personas con discapacidad en el 20%.

6. Los empresarios y empleadores que vinculen laboralmente a personas con discapacidad tendrán además de lo establecido en la ley 361 de 1997, los estímulos económicos que establezca el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de conformidad con al artículo 27 de la Ley 1346 de 2009.

7. Los gobiernos nacional, departamentales, distritales y municipales, deberán fijar mediante decreto reglamentario, en los procesos de selección de los contratistas y proveedores, un sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad.

SOBRE LA CERTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD:
 
Las empresas interesadas en las prácticas de inclusión laboral de personas con discapacidad tienen derecho por ley, a gozar entre otros, de los siguientes beneficios tributarios y administrativos, cuando tienen contratadas formalmente a trabajadores con esta condición:

-  Reducción del impuesto a la renta
-  Reducción de la cuota de aprendices SENA
-  Prelación en procesos de licitaciones y concursos con el Estado.

Para poder sustentar ante la DIAN y ante el SENA que sus trabajadores o aprendices vinculados tienen realmente una discapacidad, deben mantener un documento que valide esta condición, conocido como el “certificado de discapacidad” que para el momento en que fue expedido se denominaba así. Es de aclarar que este proceso no ha sido reglamentado en Colombia y que de por si todos los actores inmersos en el tema están atentos a su expedición basada en la comprensión actual y real de lo que significa la discapacidad.

Legalmente, las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez venían emitiendo este documento apoyados en la norma técnica denominada “Manual único de calificación de invalidez” del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, cambios recientes en la legislación hacen que a la fecha, esas Juntas no puedan seguir llevando a cabo la actividad que realmente se denomina Dictamen de la Pérdida de Capacidad Laboral u Ocupacional según aplique.
 
Al respecto y con base en el Concepto emitido por el Jefe de Oficina de Promoción Social - Ministerio de Salud y Protección social, con radicado No 201616000007231 del 02 enero 2016 y con el fin de "garantizar el ejercicio efectivo del derecho al trabajo de las personas con discapacidad en términos de igualdad de oportunidades, equidad e inclusión" consagrados en el artículo 27 de la Ley 1346 de 2009 y el artículo 13 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y teniendo en cuenta que el dictamen de pérdida de la capacidad laboral y ocupacional es un requisito para los procesos de inclusión laboral, esa dirección le comunica mediante copia de este concepto a las EPS para que efectué las gestiones de sus afiliados a las IPS y así efectuar las calificaciones. En este orden de ideas, el Ministerio de Salud delega estas competencias a las EPS/IPS para que determinen la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional a las personas en condición de discapacidad para efectos de inclusión laboral. Aunque el Decreto 1507 de 2014 -Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, no aplica a las EPS, tampoco les prohíbe, y hasta que el Gobierno Nacional expida un procedimiento para certificar, y por no existir otra escala, manual o norma técnica, se puede hacer uso del decreto 1507 de 2014, antes señalado que a la fecha es la única herramienta válida para emitir un porcentaje de discapacidad entre el 0 y el 100% que sería lo que las empresas y personas requieren para los beneficios inicialmente referidos.

Decreto 4942 de 2009:

Artículo 8°. Calificación con base en el Manual Único para la Calificación de la Invalidez. Corresponderá a las Juntas de Calificación de Invalidez, a las Entidades Promotoras de Salud –EPS– del Régimen Contributivo de Seguridad Social en Salud y la red pública de servicios de salud, calificar el estado de invalidez con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez, en los términos del presente decreto.

En todos los casos de que trata el presente decreto, la calificación de las personas con discapacidad podrá efectuarse ante las Juntas de Calificación de Invalidez. El costo de los honorarios para la Junta de Calificación, será el equivalente a un salario mínimo legal diario vigente al momento de la solicitud, a cargo del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto 2463 de 2001.

Dicha calificación también podrá efectuarse por las entidades que a continuación se señalan, a discreción del interesado y sin ningún costo a su cargo, empleando el formato de certificación que para tal fin expida el Ministerio de la Protección Social, siendo responsabilidad de la respectiva entidad su correcta aplicación y debida utilización, de la siguiente forma:
a) Por la Entidad Promotora de Salud del Régimen Contributivo a la cual se encuentre afiliado el interesado, como parte de los servicios que prestan las EPS.
b) Por las instituciones prestadoras de servicios de salud de la red pública, en los casos en que la persona con discapacidad esté afiliada al Régimen Subsidiado o cuando no se encuentre afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, con cargo a los recursos de oferta en salud de que trata la Ley 715 de 2001, por el valor que sea acordado con la entidad territorial respectiva, el cual no podrá ser mayor que un salario mínimo legal diario vigente por persona calificada.

Decreto 1507 del 2014:

Artículo 2º. Ámbito de aplicación: El Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional contenido en el presente decreto, se aplica a todos los habitantes del territorio nacional, a los trabajadores de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes y del sector privado en general, independientemente de su tipo de vinculación laboral, clase de ocupación, edad, tipo y origen de discapacidad o condición de afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral, para determinar la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional de cualquier origen.

El presente Manual no se aplica en los casos de: certificación de discapacidad o limitación, cuando se trate de solicitudes para reclamo de subsidio ante Cajas de Compensación Familiar, Fondo de Solidaridad Pensional, Fondo de Solidaridad y Garantía, así como en los casos de solicitudes dirigidas por empleadores o personas que requieran, el certificado, con el fin de obtener los beneficios establecidos en las Leyes 361 de 1997 y 1429 de 2010 y demás beneficios que señalen las normas para las personas con discapacidad.

Estas certificaciones serán expedidas por las Entidades Promsotoras de Salud del Régimen Contributivo o Subsidiado a la cual se encuentre afiliado el interesado,' de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. Parágrafo. Para la calificación de la invalidez de los aviadores civiles, se aplicarán los artículos 11 y 12 del Decreto 1282 de 1994.

NORMOGRAMA COLOMBIANO SOBRE DISCAPACIDAD:

Leyes de Colombia relacionadas con la discapacidad           
Una Ley es una regla o norma de carácter nacional, elaborada y aprobada por el poder legislativo (Congreso de la República). Su incumplimiento conlleva a una sanción. Hay varios tipos de leyes:

Leyes Marco: Son las disposiciones generales que regulan actividades específicas, definen los objetivos y principios sobre los cuales se desarrollan actividades del país.

Leyes Orgánicas: Su objetivo primordial es organizar y determinar la misión y estructura de las entidades de carácter estatal.

Leyes Estatutarias: Desarrollan los textos constitucionales que reconocen y garantizan los derechos fundamentales y complementan las medidas para garantizar su desarrollo y estricto cumplimiento

LEY DE COLOMBIA Empleo Inclusión social  -igualdad  Educación Salud Acccesibilidad  Otros
 Ley 12 de 1987 (sobre accesibilidad física)          X  
 Ley 82 de 1988 (Ratifica el Convenio 159 de la OIT)  X          
 Ley 105 de 1993 (sobre el transporte público)            X
 Ley 115 de 1994 (Sobre atención educativa)    X  X      
 Ley 119 de 1994   Art.4 numeral 9    X      
 Ley 324 del 1996 (Protección a población con discapacidad auditiva)  Art. 10  X  X  X  X  X
 Ley 361 del 1997 (Mecanismos de integración social de las personas con discapacidad)  Art. 22 al 34  X  X  X  X  X
 Ley 443 de 1998 (Sobre la igualdad en empleos de carrera administrativas)  x          
 Ley 488 del 1998 (sobre exención tributaria a las ayudas mecánicas)        X    
 Ley 582 de 2000 (sobre deporte asociado de personas con discapacidad )    X        X
 Ley 643 de 2001 (Sobre transferencias al sector salud)        X    
 Ley 762 del 2002 (Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación)    X        
 Ley 788 del 2002 (Reforma tributaria)  X          
 Ley 789 del 2002 (Normas para apoyar el empleo)  Art. 13      X    
 Ley 797 del 2003 (Reforma Pensional)  X          X
 Ley 909 del 2004 (regula el empleo público y la carrera administrativa)  X          
 Ley 1064 del 2006 (sobre formación para el trabajo y el desarrollo humano)  X    X      
 Ley 1145 del 2007 (Reglamentación del Sistema Nacional de discapacidad)            X
 Ley 1221 del 2008 (sobre el Teletrabajo)  X          
 Ley 1237 DE 2008 (Promoción de habilidades y talentos artísticos)            X
 Ley 1275 del 2009 (Política pública para personas de talla baja)  X  X  X  X  X  
 Ley 1306 del 2009 (sobre discapacidad mental e interdicción)  X  X  X  X    
 Ley 1341 de 2009 (sobre la organización de las TICs)            X
 Ley 1346 del 2009 (ratifica la Convención de Derechos de Personas con discapacidad de la ONU)  X  X  X  X  X  X
 Ley 1355 de 2009 (sobre obesidad y enfermedades crónicas)        X    
 Ley 1392 de 2010 (sobre enfermedades huérfanas)        X    
 Ley 1429 del 2010 – Título III (Ley que genera beneficios tributarios a empresarios que contraten personas con discapacidad)  X          
 Ley 1616 de 2013 (sobre salud mental)    X    X    X
 Ley 1636 del 2013 ( Regula el Mecanismo de protección al cesante)  X          
 Ley Estatutaria 1618 de 2013 (garantizar el ejercicio de los derechos de las Personas con discapacidad)  X  X  X  X    X
 Ley 1680 de 2013 (sobre acceso a la información de personas ciegas)  X  X  X    X  X

Decretos sobre discapacidad:

Un Decreto es elaborado y emitido por el poder ejecutivo; generalmente, posee un contenido normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. Esta regla general tiene sus excepciones, normalmente para situaciones de urgente necesidad, y algunas otras específicamente tasadas.

Existe también el decreto legislativo, el cual puede utilizar el Gobierno para dictar normas en materia delegada por las Cortes, sobre materias que no necesiten ser reguladas por ley orgánica.

Finalmente está el decreto ley, el cual es una delegación expresa y especial del Poder legislativo, ante circunstancias excepcionales, a favor del Poder ejecutivo.

DECRETOS NACIONALES Empleo Inclusión social - Igualdad Educación Salud Accesibilidad Otros
Decreto 2177 de 1989
(Reglamenta Ley 82 que aprueba convenio con la OIT)

X
         
Decreto 2381 de 1993
(Día internacional de la discapacidad)
 
X
     
X
Decreto 970 de 1994
(readaptación profesional y el empleo de personas con discapacidad)

X
         
Decreto 2082 de 1996
(Por la cual se reglamenta la atención educativa)
 
X

X
     
Decreto 2463 de 2001
(Reglamenta las Juntas calificadoras de invalidez)
         
X
Decreto 641 de 2001
(Reglamenta ley 582 de deporte para personas con discapacidad
 
X
     
X Deporte
Decreto 205 de 2003
(asigna responsabilidades sobre discapacidad al Ministerio de Protección
Social)

X
   
X
   
Decreto 1660 de 2003
(Sobre transporte accesible)
         
X Transporte
Decreto 1538 de 2005
(Reglamentación parcial de la Ley 361 de 1997)
       
X
 
Decreto 4942 del
2009 (sobre los responsables de la calificación de la discapacidad)

X

X

X

X

X

X
Decreto 1352 de 2013
(Reglamentación Juntas de Calificación de invalidez)

X
   
X
 
X
Decreto 2521 de 2013
(Creación de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo

X
         
Decreto 1507 de 2014
(sobre el certificado de discapacidad)

X

X

X

X

X

X

Decreto 1072 de 2015
(Sobre el Servicio Público de Empleo)

X
         
Decreto 1668 de 2016
(Contratación mano de obra local – SPE)

X
         
Decreto 582 de 2016
(Protección al Cesante – SPE)

X
         
Decreto 1669 de 2016
(Seguridad Social de Estudiantes – SPE)

X
         
Decreto 1376 de 2016
(Financiación de práctica laboral – SPE)

X
       
X

 Los Acuerdos Municipales:

Son normas emitidas por los Consejos de cada municipio. Deben ser cumplidas en el territorio que le compete, pero su jerarquía es menor a las Leyes. También hay Acuerdos con incidencia nacional. Varios departamentos y municipios del país cuentan con estas herramientas legislativas. Las Políticas de discapacidad de los territorios por ejemplo, son oficializadas por Acuerdos u Ordenanzas

 


ACUERDOS

Empleo

Inclusión social - Igualdad

Educación

Salud

Accesibilidad

Otros
Acuerdo 038 de 1998 (Acceso servicio público de Televisión)  
X
   
X
 
Acuerdo 005 de 2003 (Acceso a la información para personas con
discapacidad auditiva
 
X
   
X
 
Acuerdo 484 de 2011 (Subsidio de transporte en el Distrito de Bogotá)        
X

X
Acuerdo 505 de 2012 (sobre atención integral a personas con
discapacidad en Bogotá)
 
X
   
X

X

Normas Técnicas ICONTEC Sobre accesibilidad

NTC 4139
Elemento que se regula: Simbolo gráfico

NTC 4140
Elemento que se regula: Pasillos y corredores

NTC 4141
Elemento que se regula: Símbolo sordera e hipoacusia

NTC 4142
Elemento que se regula: Símbolo de ceguera y baja visión

NTC 4143
Elemento que se regula: Rampas

NTC 4144
Elemento que se regula: Señalización

NTC 4145
Elemento que se regula: Escaleras

NTC 4201
Elemento que se regula: Equipamentos, bordillos, pasamanos y agarraderas

NTC 4279
Elemento que se regula: Vías de circulación peatonales horizontales

NTC 4268
Elemento que se regula: Sillas de ruedas

NTC 4349
Elemento que se regula: Ascensores

NTC 4407
Elemento que se regula: Vehículos

NTC 4626
Elemento que se regula: Audífonos

NTC 4732
Elemento que se regula: Muebles escolares

NTC 4733
Elemento que se regula: Muebles escolares para alumnos en silla de ruedas

NTC 4774
Elemento que se regula: Puentes peatonales

NTC 4902
Elemento que se regula: Cruces peatonales a nivel

NTC 4904
Elemento que se regula: Estacionamientos accesibles

NTC 4695
Elemento que se regula: Señalización para tránsito

NTC 4960
Elemento que se regula: Puertas accesibles

NTC 5017
Elemento que se regula: Servicios sanitarios accesibles

NTC 5351
Elemento que se regula: Paraderos accesibles

NTC 4595
Elemento que se regula: Ambiente escolar

NTC 4596
Elemento que se regula: Ambiente escolar

NTC 6047
Elemento que se regula: Accesibilidad al medio físico SC administración pública


El Programa Pacto de Productividad adelantó un estudio técnico respecto a la normatividad existente, relacionada específicamente con la inclusión laboral de personas con discapacidad. Puede encontrar más información a continuación

2018

Decreto 1350 del 31 de julio de 2018 sobre Organizaciones de Personas con discapacidad

2015

Resolución 0347 Febrero 2015

2014

Resolución 1726 12 de agosto 2014. Política institucional en discapacidad SENA

2013 

Ley 1680 del 20 de noviembre 2013

Decreto 1352 de 2013, 26 de junio 2013

Ley 1636, 18 de junio 2013

Ley No. 1618 del 27 de febrero 2013. Todas las Personas con discapacidad tienen derecho al trabajo

Consultoría sobre Análisis de la Normatividad y propuesta de ajustes, año 2013

2011

Decreto número 4152 de 2011 (3 de noviembre 2011)

Decreto Número 4155 de 2011 (3 de noviembre 2011)

2010

Ley 1429, 29 de diciembre 2010. Formalización y generación de empleo

Presentación Ley 1429, 29 de diciembre 2010. Formalización y generación de empleo

Análisis de la Ley 1429 del 29 diciembre 2010

Información básica sobre legislación colombiana en el tema de discapacidad, julio 2010 

2009

Ley 1346 de 2009, Aprobación Convencion ONU, 31 de julio 2009

2006

Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, 13 de diciembre 2006

Convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las Personas con discapacidad. En fácil lectura, 13 de diciembre 2006

2000

Sentencia C-531/00 Colombia, despido de Personas con discapacidad, 10 de mayo 2000

1997

Ley 361 de 1997 (febrero 7) Diario Oficial No. 42.978, de 11 de febrero 1997

Análisis de la Jurisprudencia sobre el artículo 26 de la ley 361 de 1997