Programa Pacto de Productividad

Preguntas Frecuentes

¿Pacto de Productividad puede ayudarme a conseguir un empleo?

Actualmente el Programa no participa de manera directa en procesos de reclutamiento de hojas de vida.
Durante la primera fase del Programa (entre 2009 y 2014) Pacto de Productividad apoyó la ubicación laboral de 637 personas en Bogotá, Cali, Medellín y Pereira a través de contratos laborales o contratos de aprendizaje de 637.
Este ejercicio permitió el diseño del Modelo de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad que el Programa le entregó al país. Durante ese mismo tiempo, se hizo una transferencia metodológica a 66 instituciones que prestan servicios de apoyo a la inclusión y a Centros y Agencias de empleo de esas mismas ciudades, para que continuaran con el propósito de acompañar y cualificar la búsqueda de empleo de adultos con discapacidad; por tanto, ya no es una tarea específica del Programa Pacto de Productividad.

¿Personas con cuáles tipos de discapacidad pueden iniciar un proceso de inclusión laboral en el sector empresarial?

Cualquier persona que presente algún tipo de discapacidad física, visual, auditiva, cognitiva, psicosocial o con sordoceguera, puede interesarse en buscar oportunidades de trabajo. Preferiblemente si ya:
- Ha culminado su proceso de rehabilitación funcional. En los casos en que aplique.
- Tiene un adecuado nivel de independencia.
- Cuenta con competencias básicas y ciudadanas necesarias para cumplir con un contrato laboral.
- Quieran y puedan adelantar capacitaciones o un programa de formación para el trabajo.
- Ya tenga desarrolladas habilidades técnicas para desempeñar algún tipo de labor en empresas.

¿Debo pertenecer a alguna institución o grupo asociativo de personas con discapacidad para buscar un empleo?

No necesariamente. Sin embargo debido a que los Grupos Asociativos son los principales canales de comunicación entre Programas como éste y cualquier otra iniciativa del orden público y privado que beneficie a quienes tienen alguna discapacidad, pertenecer a estas instancias facilitará informarse sobre temas relacionados con formación para el trabajo y acceso al trabajo.

¿Debo estar afiliado a la Caja de Compensación que apoya el Programa en mi ciudad?

No. El derecho al trabajo es de todos; los servicios de inclusión laboral buscan beneficiar a adultos con discapacidad que tengan o no alguna relación con estas entidades.

¿Cuál debe ser mi nivel educativo para buscar un empleo?

En general, las empresas del país y del mundo están buscando mejorar la cualificación de sus colaboradores para elevar también su nivel de productividad y la calidad de sus procesos. Por esta razón las empresas priorizan la vinculación de Personas que hayan alcanzado su formación secundaria, o que tengan formación técnica o profesional.
Sin embargo, debido a que para algunas personas con discapacidad no es tan sencillo avanzar hasta dicho nivel, y partiendo de que algunos empresarios esperan vincular también a mano de obra no calificada (o no exigen un nivel educativo específico), muchos programas de inclusión laboral buscan estrategias para apoyar igualmente a personas que al menos hayan terminado su fase de educación básica primaria.

¿Si no vivo en Bogotá, Cali, Medellín o Pereira, que puedo hacer para buscar empleo?

Colombia cuenta con una amplia Red del Servicio Público de Empleo, además de instituciones que se vienen fortaleciendo para apoyar los procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Algunas cuentan con más experiencias que otras. Usted puede acercarse a las que se encuentren en su ciudad de residencia o cerca a ella y solicitar el servicio de apoyo a la intermediación laboral.
INCLUIR LINK AL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO http://personas.serviciodeempleo.gov.co

¿Qué beneficios tiene vincular a Personas con discapacidad?

Las Empresas que contratan Personas con discapacidad ganan en:

  1. Posicionamiento frente a los diferentes grupos u organizaciones con los que se relacionan.
  2. Ambientes laborales más productivos e inclusivos al ofrecer ejemplos de vida a los demás trabajadores, que implican el reconocimiento del otro, respetando así la diferencia y aprendiendo de ella.
  3. Exenciones tributarias y otros incentivos otorgados por la Ley Colombiana.
  4. Instituciones y Programas como Pacto de Productividad adelantan procesos de asesoría a las empresas para facilitar la inclusión laboral.

¿Es cierto que las Empresas pueden tener problemas legales, si contratan personas con discapacidad que tienen pensión de invalidez?

No es cierto, en la normatividad sobre discapacidad existe una norma específica que permite dicha contratación y es el artículo 33 de la ley 361 de 1997, en la cual expresamente dispone: “El ingreso al servicio público o privado de una persona limitada que se encuentre pensionada, no implicará la pérdida ni suspensión de su mesada pensional, siempre que no implique doble asignación del Tesoro Público”.

¿Por qué dar oportunidad laboral a personas con discapacidad que tienen pensión de invalidez?

Los pensionados por invalidez por disposición legal se deben someter a revisión periódica, conforme lo establece el artículo 44 de la Ley 100 de 1993, lo cual puede llevar incluso a la pérdida de dicha pensión en una de esas evaluaciones. Tampoco podemos desconocer una realidad y es que usualmente las pensiones de invalidez son de montos muy bajos y el hecho de que consigan las personas con discapacidad un empleo, les permite llevar una vida más digna a ellos y su familia.
La discapacidad genera gastos adicionales: en ayudas técnicas, tecnológicas, medicamentos, personal de apoyo, entre otros.

¿Es permitido que una persona con discapacidad y pensión de sobreviviente pueda suscribir un contrato laboral?

Si es permitido, el artículo 33 de la Ley 361 de 1997 expresamente lo dispone.

¿Qué otras razones existen para que una persona con discapacidad y con pensión de sobreviviente pueda suscribir contrato laboral?

Una de las razones fundamentales es que el salario de la relación laboral tiene una naturaleza jurídica diferente a las pensiones. El salario es la remuneración periódica y habitual que un trabajador recibe a cambio de la prestación de un servicio; mientras que la pensión es un derecho que surge por el cumplimiento de unos requisitos y aportes periódicos durante la vida laboral frente a las contingencias de la vejez, la invalidez y la muerte.
Otras de las razones que debemos tener en cuenta, es que en la práctica, muchas de las pensiones de sobrevivientes de personas con discapacidad, son de montos bajos, cercanos al salario mínimo y en no pocos casos, además de ser pensiones de un salario mínimo, las personas con discapacidad las comparten con otros miembros de la familia.

¿Qué es la interdicción?

La interdicción es un mecanismo o figura del derecho que conlleva a la “incapacitación” que legalmente se relaciona con las personas que tienen discapacidad psicosocial (mental) o discapacidad intelectual. Con ella, se limita a quien está interdicto para actuar en los negocios jurídicos de manera personal, por lo cual debe entregar la potestad de que lo represente a un tercero.

¿Es posible qué personas con discapacidad interdictas puedan firmar un contrato laboral o un contrato de aprendizaje?

Si es posible que las personas con discapacidad puedan celebrar contratos laborales o contratos de aprendizaje con cualquier empresa pública o privada, solo que esos contratos tienen unas formalidades especiales adicionales.

¿Cuáles son esas formalidades especiales de los contratos con personas con discapacidad interdictas?

La formalidad especial tiene que ver con la forma de subsanar la “Capacidad Legal”, de la persona interdicta, la cual consiste en que además de la persona interdicta, firma quien representa a dicha persona interdicta.

¿Quiénes pueden firmar el contrato en representación de la persona interdicta?

El contrato lo pueden firmar sus padres o la madre sustituta o funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, si la persona interdicta está bajo custodia de dicha institución; o las personas designadas por el juez (ley 1306 de 2009)

¿Por qué pierden los beneficios de salud las personas con discapacidad del régimen subsidiado al suscribir un contrato laboral o de aprendizaje?

La razón por la cual pierden los beneficios de salud del régimen subsidiado obedece a que en el momento en el que suscriben el contrato laboral o de aprendizaje, automáticamente salen del régimen subsidiado e ingresan como cotizantes, al régimen contributivo del sistema de seguridad social.

¿Cómo se concreta esa pérdida de beneficios en la transición del régimen subsidiado al régimen contributivo de salud?

El artículo 74 del decreto 806 de 1998 y el artículo 10 del decreto 047 del 2000, modificado por el artículo 12 del decreto 783 de 2000, en concordancia con el artículo 41 del decreto 1406 de 1999, dispone que el afiliado que ingrese al régimen contributivo durante los primeros 30 días, solo tiene derecho exclusivamente al servicio inicial de urgencias, con lo cual se afecta gravemente la condición de salud de las personas con discapacidad que vienen con tratamientos médicos y medicamentos especiales con el Régimen Subsidiado de Salud.

¿Qué avances legales se han tenido al respecto, para subsanar esta desprotección de las personas con discapacidad en su salud?

Tanto la ley 1345 de 2009, como la nueva ley estatutaria, la número 1618 del 27 de febrero de 2013, han reiterado la importancia de que se asegure el derecho a la salud de las personas con discapacidad por parte de las entidades prestadoras de servicios en salud, por ejemplo: El Literal a. del numeral 2, del artículo 10 de ley 1618 de 2013, consagra expresamente: “ …. a. Garantizar la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en todos sus procedimientos, lugares y servicios"; a su vez el literal e. dispone claramente que las entidades prestadoras de salud debe: "…e. Eliminar cualquier medida, acción o procedimiento administrativo o de otro tipo, que directa o indirectamente dificulte el acceso a los servicios de salud para las personas con discapacidad…”, igualmente el artículo 9 de la ley 1618 de 2013, consagra el derecho a la habilitación y rehabilitación integral de las personas con discapacidad, en su numeral 9 dispone: “…9. El Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, garantizará la rehabilitación funcional de las personas con discapacidad cuando se haya establecido el procedimiento requerido, sin el pago de cuotas moderadoras o copagos, en concordancia con los artículos 65 y 66 de la Ley 1438 de 2011…”.

¿Cuál es el perjuicio concreto que sufren las personas con discapacidad cuando estas entidades le suspenden sus tratamientos o medicinas?

El perjuicio que sufren estas personas es que al firmar el respectivo contrato, ingresan al Régimen Contributivo de Salud, pero no pueden acceder a medicamentos y tratamientos hasta después de 30 días de la fecha de afiliación, con la cual se desprotege temporalmente la salud y el bienestar de las personas con discapacidad.

¿Qué avances legales se han dado para evitar que se suspendan estos apoyos de salud a las personas con discapacidad?

La Ley estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013, le recuerda a las entidades territoriales y al ICBF que las personas con discapacidad tienen derecho a la protección social especial del estado, en concordancia con el artículo 28 de ley 1346 de 2009. El artículo 12 de la ley 1618 de 2013, establece que para la garantía del ejercicio total y efectivo del derecho a la protección social, el Ministerio del Trabajo o quien haga sus veces, adoptarán las siguientes medidas: “…3. Las Entidades Territoriales competentes y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, o el ente que haga sus veces, deberán establecer y/o fortalecer, un programa de apoyo y acompañamiento a las familias de las personas con discapacidad, debidamente articulado con otros programas o estrategias de inclusión, desarrollo social y de superación de la pobreza.

¿Qué acciones legales y ajustes prácticos se deben incrementar para evitar esa desprotección temporal de las personas con discapacidad?

Desde el punto de vista legal, se deben expedir los decretos reglamentarios que hagan efectiva la protección social establecida en el artículo 12 de la Ley 1618 de 2013. Desde el punto de vista práctico, se debe hacer pedagogía a los funcionarios de Entidades Territoriales y del ICBF, sobre la legislación en discapacidad y la obligación especial de proteger a las personas con discapacidad en estas situaciones especiales.

¿Es real y lógico que las personas con discapacidad del régimen subsidiado, sientan temor de perder los beneficios de dicho régimen por suscribir contratos temporales o de aprendizaje?

Ese temor no debe existir, es absolutamente infundado, las personas con discapacidad no pierden su cupo en el Régimen Subsidiado y ello está expresamente consagrado en la ley.

¿Qué normas legales establecen que las personas con discapacidad no pierden su cupo en el Régimen Subsidiado cuando suscriben contratos temporales o contratos de aprendizaje?

El artículo 38 del acuerdo 415 de 2009 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud consagra: “…Traslado entre regímenes y suspensión de afiliaciones al régimen subsidiado: Los afiliados del Régimen Subsidiado que se afilien al Régimen Contributivo, mantendrán su afiliación al Régimen subsidiado y se reversará su cupo hasta por un (1) año a partir que se haga efectiva la nueva afiliación…”. Posteriormente el artículo 46 de la Ley 1429 del 2010, amplío ese plazo hasta dos (2) años, dicha norma dispuso lo siguiente: “…Beneficios derivados del SISBEN: Los beneficios derivados de los programas que utilicen como criterio de identificación y focalización, el SISBEN no podrán suspenderse dentro del año siguiente al que el beneficiario haya sido vinculado por un contrato de trabajo vigente. No obstante, el cupo del beneficiario del régimen subsidiado en salud, se mantendrá hasta por los dos (2) años siguientes a la vinculación laboral…”.

¿Cómo puede mi empresa recibir asesoría a Pacto de Productividad?

Los empresarios interesados en participar en procesos de inclusión laboral de Personas con discapacidad en sus organizaciones, solo deben contactarse con la Coordinadora Local del Pacto de Productividad en su respectiva ciudad. Con ella se coordinará una cita para presentarle personalmente el Programa; ésta reunión es de tipo informativo y no significa una vinculación inmediata al mismo.

Sandra Patricia Álvarez

Correo: salvarez@pactodeproductividad.com
Consultora

Jineth Andrea Soto Parra
Celular: 310 868 4327
Correo: asoto@pactodeproductividad.com
Consultora


Medellín:

Lina Andrea Muñetón Builes
Dirección: Carrera 49 # 54 - 63 Parque Bolívar
Teléfono: (4) 444 9184
Correo: amuneton@pactodeproductividad.com
Consultora

Olga Lucía Cortés Páez
Celular: 310 845 1045
Correo: ocortes@pactodeproductividad.com
Consultora


Cali:

Elsy Rodríguez García
Teléfono: (2) 666 1444
Dirección: Avenida 3 N # 51 N - 24 segundo piso
Correo: erodriguez@pactodeproductividad.com
Consultora

María Zoraida Santacruz Benavides
Teléfono: (2) 6661444
Celular: 312 749 3462
Dirección: Avenida 3 N # 51 N -24 segundo piso
Correo: zsantacruz@pactodeproductividad.com
Consultora


Pereira:

Mónica Ríos Marín
Teléfono: (6) 313 5693
Dirección: Calle 22 # 4 - 40 primer piso
Celular: 320 683 0290
Correo electrónico: mrios@pactodeproductividad.com
Consultora

Gloria Constanza López Mazuera
Celular: 314 814 5969
Correo electrónico: clopez@pactodeproductividad.com
Consultora